La Administración, en virtud de la Ley 58/2003, General Tributaria,  puede realizar, por distintos medios, la comprobación de los valores de cualquier renta, producto o bien que derive en una obligación tributaria. Es decir que, en el caso de la adquisición de un inmueble (del que se ha pagado en el momento de la compra-venta el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente) la Administración puede comprobar si el valor que está a su alcance determinar como “real” para dicho inmueble es mayor que el que se ha formalizado en la escritura.

De esa forma, si su valor, según la Administración, es mayor que el declarado, puede solicitar al contribuyente la liquidación de los impuestos por la diferencia más los intereses de demora desde la fecha de devengo del impuesto, es decir, fecha en la que se otorgó escritura de compraventa.

La Administración tiene, y ha tenido, a su alcance, según la normativa vigente en cada momento, distintas posibilidades de determinar el valor del bien transmitido. Las evoluciones del mercado y, en particular, la profunda crisis relacionada con el sector inmobiliario de los últimos años, ha provocado grandes diferencias entre los valores de compra-venta y los determinados por la Administración.

Por supuesto. La ley reconoce y regula el derecho a recurrir ante la Administración las comprobaciones de valores en forma y plazo.

Una vez recibida liquidación provisional, emitida por la Administración, por la cual se comprueba el valor del inmueble adquirido, el contribuyente puede y tiene derecho a presentar recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto o reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) alegando cuestiones formales.

Una vez notificada al contribuyente la liquidación provisional por comprobación de valores, se puede interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido o Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación.

No, hasta que no se agotan las vías de reclamación a las que se tiene derecho. La liquidación del impuesto requerida puede suspenderse si se gestiona adecuadamente y en plazo sin necesidad de aportar aval bancario.

En absoluto. Cada caso es único y necesita de un análisis en profundidad que identifique los mecanismos de defensa mejores y que maximicen las probabilidades de éxito del recurso.

Cada recurso y escrito a presentar ante la Administración, debe por lo tanto recoger dichas especifidades y apoyarse en la legislación vigente y la jurisprudencia (resultado de las últimas sentencias en procesos similares).

Cualquier ciudadano puede, dentro de la forma y plazos establecidos para ello, presentar un recurso Administrativo. Agotada la vía Administrativa es necesaria la asistencia de Abogado y Procurador para continuar con la reclamación, en ese caso ya mediante proceso contencioso.

El derecho tributario (conjunto de normas y leyes que regulan la obligación de todo ciudadano del pago de impuestos derivados de sus actividades económicas) es una materia extensa y compleja. Incluso en el ámbito del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y las comprobaciones de valores existe un amplísimo conjunto de textos que lo regulan y de jurisprudencia y sentencias en las que basar una reclamación.

El mejor asesoramiento se obtendrá, por lo tanto, de la mano de un profesional especializado en la materia y con amplia experiencia.

Asimismo el abogado especialista en derecho tributario es el único que puede ofrecerle la gestión de su caso en todas las fases del mismo (Administrativa y contenciosa) de forma que su reclamación sea coherente y perfectamente argumentada en todas sus fases; aspecto de suma importancia para el éxito del mismo.

Nuestro despacho le ofrece la garantía de un conocimiento profundo del ámbito legal relacionado y una especialización incuestionable. Nuestra mejor garantía la constituyen miles de casos recurridos con éxito para nuestros Clientes en los últimos años.

Sólo cobramos si Ud. gana. Nuestro despacho no le cobra nada si no consigue que su recurso sea estimado, y en consecuencia, anulada la liquidación recibida. Trabajamos vinculando nuestros honorarios al éxito de nuestra gestión para Ud.

El único coste inicial es de 50,00€ para gastos de gestión, que comporta el análisis en profundidad de su caso, la presentación de los recursos hasta agotar la vía administrativa, así como su seguimiento y gestión hasta obtener la contestación del Tribunal.